A una hora en carretera destapada desde el municipio de Cimitarra, Santander, se encuentra el corregimiento La India, ubicado en el municipio de Landázuri. Allí, el pasado 22 de abril, como una de las 38 medidas de reparación colectiva que el Gobierno Nacional tiene estipuladas para el departamento, la comunidad campesina de la región en cabeza de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, Atcc, obtuvo un banco de maquinaria con un valor aproximado de 3 mil millones de pesos.
La entrega, que estuvo a cargo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), beneficiaría a 100 familias y a 229 víctimas del conflicto armado. La Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y las administraciones municipales de Cimitarra, Málaga, Simacota, Sucre y Suratá, también hicieron parte de la donación de los recursos por medio de un convenio de cofinanciación.
“Este banco está dotado por cuatro tractores, una carretilla, fumigadoras, un brazo hidráulico para hacer drenajes, y equipos para cosechar, entre otras cosas.
Con esto queremos comenzar a reversar hacia la agricultura, es decir, cómo convertimos las pasturas de ganadería a siembra de maíz, soja, yuca, y plátano”, afirmó Mauricio Hernández, vicepresidente de la Asociación.
Esta donación es una de las primeras medidas de reparacióna las víctimas (se adelantan actualmente 340 en Colombia) que las comunidades campesinas de Santander empiezan a ver mate-
rializadas después de comenzar el proceso una década atrás, en el año 2006.
Sin embargo, algunos de los crímenes de lesa humanidad que esta comunidad campesina tuvo que soportar, entre ellas asesinatos, masacres y desplazamiento forzoso, aún siguen en la impunidad.
Su historia
Como respuesta desesperada de los habitantes del Carare frente a la violencia que se presentaba en contra de la población civilpor parte de los frentes 11 y 23 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y el mismo Ejército Nacional, se creó la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, Atcc, en mayo de 1985.
La guerrilla había llegado a la región cerca de dos décadas antes, y la Fuerza Pública para 1975 se había fortalecido gracias al Batallón ‘Rafael Reyes’. Poco tiempo después, los paramilitares también arribaron a la zona y la paz de los habitantes empezó a brillar por su ausencia. Así lo documenta el Centro Nacional de Memoria Histórica.
“Los campesinos vivíamos en permanente amenaza, mataban a la gente porque creían que hacían parte de un grupo o del otro, los obligaban a entrar a sus ejércitos, vivíamos con miedo hasta que se puso un ultimátum en el 87”, recordó el vicepresidente de la Atcc.
Fue en ese entonces cuando, según este líder, las comunidades empezaron a reunirse secretamente para buscar alternativas y decidieron dialogar con los actores armados. 14 organizaciones de base, 36 juntas de acción comunal y 650 socios iniciales conformaron la Asociación que “buscaba la paz y tranquilidad de los habitantes de la región”.
Seis municipios hacen parte de la zona de influencia de la Atcc, que lleva 29 años en constante funcionamiento: La Belleza, Sucre, El Peñón, Landázuri, Bolíva y Cimitarra.
De acuerdo con Braulio Antonio Mosquera Marmolejo, delegado y miembro de la Atcc desde hace 22 años, “en las primeras reuniones los actores armados pensaban que nos íbamos a unir a ellos o les íbamos a dar armamento, pero se encontraron con un mensaje decisivo de no violencia”.
En 1990, tres años después de su creación, la Atcc recibió el Premio Nobel Alternativo de Paz, y en 1995 la Organización de las Naciones Unidas, (ONU), les concedió el galardón “Nosotros el pueblo, 50 comunidades”. El papel que ha jugado con el paso de los años esta agrupación ha hecho que el Estado, quien en un principio se mostró distante con su proceso de identificación, participe en el desarrollo de proyectos productivos.
“Esta medida es la más significativa, es un número importante de recursos invertidos y le cumplimos a la Atcc después de tantos años de esperar, luchar, defender la vida y la paz”, declaró Paula Gaviria Betancur, directora nacional de la Unidad para las Víctimas.
Las víctimas y la impunidad
El 26 de febrero de 1990, fueron asesinados Josué Vargas Mateus, presidente de la Asociación, y los dirigentes Saúl Castañeda y Miguel Ángel Barajas Collazos junto a la periodista Silvia Margarita Duzán, quien para el día de su muerte estaba grabando un documental sobre esta resistencia pacífica para el Canal 4 de Londres. A las 9:30 de la noche de ese mismo día, dos hombres acribillaran a estos líderes en el bar restaurante La Tata, justo en frente del parque principal de Cimitarra. Al día siguiente los cuatro cadáveres aparecieron misteriosamente en el Batallón ‘Rafael Reyes’.
El pasado 22 de abril, en medio de la entrega de maquinarias, la Fundación Periodistas por la Paz rindió un homenaje a la periodista asesinada hace 26 años en el lugar de su deceso. Ella junto con los otros tres miembros de la Atcc, han sido parte del listado amplio de víctimas que este municipio del Magdalena Medio ha tenido, y que esperan ser reparados. “Esto que hicieron los gobiernos municipales y departamentales está muy bien para comenzar a reparar a la comunidad”, cree Mauricio Hernández.
Sin embargo, la sensación que queda en los líderes de la asociación es que la maquinaria recibida es apenas “un primer paso para que las víctimas puedan comenzar a perdonar sin olvidar”, pues aún la comunidad campesina, que por años fue víctima de todo tipo de violencia, sigue esperando otro tipo de medidas que tengan que ver con el medio ambiente, la educación y la salud, para rearmar sus vidas en el campo.
Por Silvia Margarita Méndez Manosalva
Smendez116@unab.edu.co
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