Inicio Conflicto Asociación de Trabanadores Campesinos del Carare: 31 años

Asociación de Trabanadores Campesinos del Carare: 31 años

Con la entrega de un banco de maquinarias por 3 mil millones de pesos, la Uariv adelanta una parte del proceso de reparación a los afectados por los grupos armados ilegales y la Fuerza Pública en el corregimiento.

El calor es desesperante. Las gotas de sudor se resbalan por la piel de todos los que van a presenciar el acto como si disfrutaran estar adheridas a los cuerpos que ya empiezan a verse cansados. Son las 11 de la mañana y los habitantes de La India, corregimiento del municipio de Landázuri en la provincia de Vélez, Santander, parecen sonreír con ansias. Desde Bucaramanga hasta acá, por tierra, hay siete horas de por medio.

No hay vías pavimentadas en la vereda y a la brisa constantemente se le olvida pasar a saludar. La pobreza es difícil de disimular. A las casas de tabla y masa de barro cocido, se les nota a kilómetros de distancia la pasada pero innegable presencia de grupos guerrilleros, paramilitares, y tropas del ejército. El barro, producto de una que otra llovizna que por fortuna ha rociado con generosidad los campos del cultivo, se pega en la suela de los zapatos de los curiosos que suben la loma para dirigirse al salón de eventos del corregimiento. El techo es de aluminio, sus paredes de ladrillo a la vista y el suelo de cemento desgastado. Dos huecos rectangulares que simulan ser ventanas se asoman en cada extremo de la habitación.

Hay prensa en cada esquina: cámaras de fotografías y video, grabadoras, micrófonos, libretas y, haciendo mal las cuentas, hay alrededor de unos 20 periodistas de radio, televisión y prensa, inquietos por registrar el histórico hecho. Habían arrancado a las cuatro de la mañana, en bus, desde la capital santandereana. Todos ellos están en botas, con gorras, y un increíble desespero por encontrar el mejor testimonio de los campesinos. Los espectadores están en medio del polvo y los almendros y nogales que rodean cada calle y, al final, desembocan en el río que le da el gentilicio a los habitantes de la zona, el Carare.

Los niños de la única escuela con la que cuenta la vereda juegan en los gigantescos tractores y carretillas de color verde, rojo y amarillo que, rodeados de una cinta tricolor, posan con fuerza afuera del salón en el que de seguro hay presentes más de cien personas. Parece un pueblo típico del magdalena medio en el que viven emigrantes humildes de más de 15 departamentos: pequeño, tranquilo, alegre, pero con incuestionables cicatrices de muerte.

Hoy, 22 de abril de 2016, en La India por instantes el silencio se escucha a gritos. Después de 31 años desde que la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, ATCC, fuera creada en 1985, por vez primera los campesinos de la zona, a través de una millonaria entrega de maquinaria agrícola, serán materialmente reparados como víctimas del conflicto armado.

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Hace más de tres décadas que cuatro mil labriegos carareños, en un acto único de valentía,  se rebelaron contra los grupos armados involucrados en el conflicto; dialogaron y les exigieron paz. Por el río ya habían pasado suficientes cadáveres, suficiente sangre de personas inocentes.

La guerrilla ya había llegado a la región dos décadas antes de que la ATCC se constituyera y la fuerza pública para 1975 se había fortalecido gracias al batallón Rafael Reyes. Poco tiempo después los paramilitares también arribaron a la zona y la paz de los habitantes comenzó a brillar por su ausencia, así se documenta en el Centro Nacional de Memoria Histórica.

Las amenazas ya hastiaban a los hombres, mujeres y niños que vivían con miedo siendo carnada civil de los frentes 11 y 23 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que se adueñaron de los cultivos de plátano, maíz, soja y yuca.

Las comunidades empezaron a reunirse secretamente para buscar alternativas. Entre 14 organizaciones de base, 36 juntas de acción comunal y 650 socios iniciales conformaron la Asociación que buscaba la tranquilidad de los habitantes de la región. Seis municipios hacen parte de la zona de influencia de la ATCC: La Belleza, Sucre, El Peñón, Landázuri, Bolívar y Cimitarra.

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El penetrante sol del mediodía todavía refleja los 39 grados centígrados que obligan a los carareños y extranjeros presentes a buscar sombra y agua. Mientras, por cuestiones de protocolo, la comunidad espera a los funcionarios públicos de la Gobernación y de la Unidad Nacional de Víctimas que empezarán la entrega con el típico discurso predecible –y siempre eterno–, el vicepresidente de la Asociación, Mauricio Hernández, un campesino de contextura delgada, alto, de facciones fuertes, pelo negro y semblante caído, recuerda los diálogos iniciales al hablar con uno de los periodistas radiales que, a juzgar por su acento, viene de Bogotá, la capital del país:

–Todos tenían miedo, pero nosotros queríamos hablar. Nos estaban obligando a ser parte de los bandos armados. Cuando los citamos ellos pensaban que era para darles armamento y municiones, pero se encontraron con un mensaje completamente diferente– dijo Hernández.

–¿Cómo fue ese primer contacto con estos grupos armados para un cese al fuego en la región?– preguntó el periodista.

–Era unirse o morirse. Así lo presentamos nosotros a la comunidad, a las personas se les daba la libertad de unirse a estos grupos, pero los demás estábamos comprometidos con la paz así nos costara la vida– respondió.

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26 de febrero de 1990. Cimitarra, Santander.

 Ya el eco de la utópica paz empezaba a sonar con fuerza por los municipios en los que la ATCC estaba trabajando. Los medios nacionales e internacionales estaban fijándose en una comunidad que, para el asombro de muchos, había logrado un pacto con la guerrilla. Algo muy parecido a lo que se está presenciando hoy. Los campesinos, en ese entonces, igualmente empezaban a tocar puertas de ayuda para programas de desarrollo que los ayudarían a impulsar la ganadería y la agricultura, los dos negocios de donde se obtenía el sustento diario.

En medio del olor a carne del almuerzo que los residentes están asando en la parte trasera del salón como gesto de agradecimiento, y que además impregna las ya transpiradas camisetas de todos los presentes, algunos de los miembros de la comitiva afirman, en frente de cámaras de televisión para canales nacionales en entrevistas otorgadas antes del recibimiento de la maquinaria, que en La India habían recibido a la guerrilla con inocencia cuando estos les habían dicho que llegarían al pueblo “para que el pobre se volviera menos pobre, y el rico menos rico”; un ingenuo error que los condenaría por un largo tiempo.

En la fonda y cafetería ‘Donde Tata’, ubicada en una esquina diagonal al parque principal de Cimitarra, en horas de la noche ese 26, que caía un lunes, Josué Vargas Mateus, presidente de la Asociación, los dirigentes Saúl Castañeda y Miguel Ángel Barajas Collazos junto con la periodista Silvia Margarita Duzán, se citaron para hablar acerca de la resistencia pacífica que estaba realizando la ATCC. Los testimonios e investigación serían presentados en un documental para el canal 4 de Londres en el que Duzán trabajaba.

A las 9 de la noche los mataron. Los cuatro fueron baleados por paramilitares con fusiles y murieron en el acto. Sus cuerpos, tendidos sobre el bar restaurante que esa noche estaba a reventar, quedaron en medio de la multitud aterrorizada por la frialdad del ataque. Sus asesinatos dejaron claro que el mensaje de los grupos armados ya no era más de conciliación. Así lo recordó la esposa de Josué Vargas Mateus, doña Fidelia Quiroga González, oriunda de Sábana Grande, Santander, mientras con cara de pocas palabras responde las preguntas que le hace Carlos Martínez, periodista de Radio Santafé:

–Josué era platanero y cuidaba cerdos, yo trabajaba con él. Nosotros tratábamos de trabajar pero ni la guerrilla ni los ‘Paras’ nos dejaban hacer si quiera un aguapanela. Yo le decía a Josué que nos fuéramos y él nunca quiso, él me decía que nosotros nos moriríamos cuando Dios quisiera y así fue que me lo mataron– dijo la viuda con su voz cuarteada.

Habido de más respuestas para su nota, Carlos Martínez preguntó en seguida sobre cómo los paramilitares intimidaban a los campesinos.

–Los paramilitares se llevaban a la gente para la montaña y allá los amarraban, les pegaban y los mataban que porque sabían de la guerrilla, pero ¿uno qué hacía?– se cuestiona doña Fidelia y continúa la respuesta– ellos pasaban y tenía uno que callase la boca, o si no, le daban en la cabeza a uno– concluyó la mujer mientras se limpiaba el sudor de la frente.

En busca de más información, el periodista volvió a la carga –¿Y cómo fueron los hechos el día que a su esposo lo mataron?–

–Yo estaba en Bucaramanga porque hacía tres meses que él nos había sacado a mí y a nuestras dos hijas de la tierrita. Eso fue un día que él se paró en la puerta de la casa y nos dijo que nos dejaba porque se iba a trabajar por la paz. Tiempo después nosotras supimos por las noticias que lo habían matado con Silvia y otros líderes– contó doña Fidelia mientras terminaba de responder.

Así, del pacto que una vez unió a la comunidad carareña para luchar por su libertad y serenidad, solo quedaba el recuerdo. Las camisetas blancas se habían teñido, una vez más, de rojo.

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Ya falta un cuarto para la una de la tarde y con fuerza retumba en los oídos de los asistentes el imponente sonido de las alas del helicóptero en el que el Gobernador de Santander, Didier Tavera Amado, viene con la ex directora nacional de la Unidad de Víctimas, Paula Gaviria Betancur junto con todos sus secuaces de seguridad.

Mientras los funcionarios aterrizan en el lugar, en un costado de la tierra en donde están ubicadas las máquinas que, de acuerdo con los datos suministrados antes de la donación, tienen un costo aproximado de tres mil millones de pesos, hay un campesino sembrando árboles junto con dos periodistas.  Ellos, un hombre y una mujer corresponsales de la Unidad de Víctimas del Departamento, le pidieron que les ayudara con la campaña nacional “Siembra vida, siembra paz”, que tiene como propósito plantar unos 8.000 árboles en todo el país. Al parecer es un acto que compagina con lo que están a punto recibir oficialmente. Un plus.

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La entrega, producto de un proceso de reparación colectiva que comenzó en el 2006 y se había frustrado por el asesinato de los líderes de la ATCC, está compuesta por un banco que está dotado por cuatro tractores, una carretilla, fumigadoras, un brazo hidráulico para hacer drenajes, y equipos para cosechar, entre otras cosas. Resulta en parte irónico que 100 familias, que serían las beneficiadas de la mano de 229 víctimas del conflicto armado, son hoy reparadas con máquinas para un cultivo que en un tiempo fue ilícito.

En 1999, cuatro años después de que en el 95 la Asociación recibiera por parte de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, el galardón “Nosotros el pueblo, 50 comunidades”, la dinámica de diálogo se reprimió porque los comandantes de los grupos armados que estaban constituidos en la región cambiaron y con ello, se despertó un interés diferente en la zona: la coca.  Esto generó en la población una confusión general. Después de haberse cumplido los acuerdos y todo el esfuerzo que esto implicó, el territorio estaba sumergido en la producción de cultivos ilícitos que, automáticamente, hizo que se dispararan situaciones de orden público y crímenes. Así lo trajo a su memoria Braulio Antonio Mosquera Marmolejo, un hombre de piel color carbón, ojos azules, y arrugas profundas en su cara, quien está sentado en una silla del salón sosteniéndose en un bastón de madera por un problema que tiene en la pierna derecha. Braulio lleva 22 años siendo miembro de la ATCC, y recuerda con exactitud mientras una periodista de CM& lo entrevista para televisión.

–El momento más duro fue cuando se fortaleció el cultivo de la coca desde el 2000 hasta 2006. Y eso que eso fue después de haberse cumplido los acuerdos. Es que en donde hay cultivos ilícitos, hay actores de violencia porque eso es parte de su sostenibilidad, había mucha muerte, nos habíamos convertido en una Asociación coquera por la avaricia– recuerda Mosquera.

–¿Qué hicieron para parar con los cultivos de coca?– preguntó la reportera.

–Se hizo una depuración y una reforma estatutaria en donde ser socio de la ATCC era tener que asumir un compromiso público frente a una asamblea, así desaparecieron estos cultivos– explicó el delegado.

Hacia las dos de la tarde, luego de toda una serie de charlas políticas, fotografías y etiqueta innecesaria en medio de un alboroto mediático, popular, pero sobretodo agradecido, se cortan las cintas que dan las buenas nuevas. Los carareños se ufanan expectantes del trabajo que estas maquinas les van a dar en el campo. Los niños aprovechan para, en medio de los lentes fotográficos, posar sobre las gigantescas máquinas con emoción. Los líderes dejan de responder preguntas a los medios y pasan a admirar los costosos aparatos que, a fin de cuentas, nunca podrán cicatrizar por completo las heridas abiertas que aún se reflejan en las aguas mansas del Carare.

Por Silvia Margarita Méndez M.
smendez116@unab.edu.co 

Universidad Autónoma de Bucaramanga

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