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Víctimas de la violencia sexual, la otra cara del conflicto armado en la región

Esta práctica, tan común pero a la vez oculta para la sociedad, es ejercida tanto por integrantes de grupos al margen de la ley como la fuerza pública. Según la Unidad de Atención de Víctimas, el 90 % de los afectados son mujeres. Periódico 15 conoció la historia de una mujer que pese a lo ocurrido, hoy lucha por dar a conocer su drama y el de otras afectadas.

Por Adrián José Jaimes t.
ajaimes618@unab.edu.co

En Colombia existen 7.7 millones de afectados porla violencia y el conflicto armado, de las cuales la mayoría han sido afectadas por grupos guerrilleros, paramilitares y bandas criminales, también se reporta un porcentaje significativo de ciudadanos a quienes la fuerza pública y el Estado les han violado parte de sus derechos. Algunas víctimas de la violencia sexual hacen parte de este grupo. La Red Nacional de Información (RNI) estima que al menos 13.598 personas han padecido delitos contra la libertad e integridad sexual. De ellas, 12.182 son mujeres (aproximadamente un 90% de los afectados); 1.067, hombres; y 71 personas con orientación sexual o identidad de género no hegemónica (comunidad Lgtbi). Para el caso de Santander, según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), se cuenta con un registro de 353 víctimas reconocidas. La mayoría son mujeres.

Patricia* es una de ella. No solo busca reparación integral por los hechos que narra a continuación. Asegura que las heridas dejadas por un arma de fuego no se comparan con las que una violación deja en la mente y el cuerpo de una persona. Víctimas de la violencia sexual, la otra cara del conflicto armado en la región El Periódico 15 conoció su historia. Alejada de su pasado y aún superando sus trágicas vivencias, hoy día integra el grupo de 25 mujeres que participan en los encuentros organizados en Bucaramanga por la Uariv de Santander conocidos como “Momentos”, con los cuales se busca “fortalecer la confianza en sí mismas y que exista un reconocimiento y acompañamiento para superar las dolorosas huellas del conflicto armado en su cuerpo”, aseguró Paula Gaviria Betancur, directora de la Unidad.

Así empezó todo

Mientras pasea por su huerta y mira el paisaje, Patricia ubica dos sillas debajo de un árbol de mango para narrar su experiencia. Lo primero que cuenta es que proviene de una familia trabajadora que se asentó en el municipio de Piedecuesta hace más de 30 años. Allí terminó sus estudios como bachiller contable, en la misma época en la que su papá trabajaba como soldador industrial de profesión en el corregimiento de San Rafael de Lebrija, del municipio de Rionegro, Santander, y en la que decidió que toda la familia se debía trasladar allí, pero la joven se quedó. Pasados algunos meses Patricia se enamoró y quedó embarazada. Esto la llevó a dedicarse a su hogar y no pensar en un trabajo distinto que edificar su nuevo hogar.

Cuando se aproximaba la fecha del nacimiento de su hija, ella optó por trasladarse a la tierra donde habitaban sus padres. Fue allí donde conoció por primera vez la violencia que vivía la Colombia de los años 90. Cuenta que mientras conversaba con un amigo en el andén de su casa, de repente se fue la luz; segundos después, hombres armados se acercaron a ese lugar, donde luego de un cruce de palabras entre ellos sobre la integridad de la joven embarazada, optaron por abrir la puerta de su casa y empujarla hacia adentro, para después acribillar a su compañero de charla. Ella, en estado de shock, se levantó de aquel lugar y corrió hacia el cuerpo que yacía tirado en un charco de sangre. Patricia no lo podía creer, agarró el cuerpo de su amigo y lo recostó, momento exacto en el que llegó la luz, no solo para dar claridad al pueblo, sino también para mostrar la realidad de este hecho violento, que hasta el momento no se lograba comprender por causa de la conmoción que visitaba a las personas del sector.

Recuerda que su padre, al verla bañada en sangre, corrió y le desgarró la ropa para cubrir las heridas en su cuerpo, pero por fortuna estaba ilesa. La alegría que le produjo la llegada de su hija dejó de lado aquel fatídico momento. La niña nació y creció con una alegría y espontaneidad que la caracterizaba como una persona llena de sueños e ilusiones. Se alejaron de Rionegro y se radicaron en Arauca, donde madre e hija transitaban diariamente las decenas de hectáreas de cultivos de arroz. Mientras tanto, la región de Santander donde vivían sus padres era invadida por grupos paramilitares que atrozmente asesinaban y luego desmembraban los cuerpos de sus víctimas. Este flagelo visitó a una familia cercana a su hogar, dos de sus integrantes habían sido descuartizados. La noticia asombró y alarmó a Patricia, y pensó en la integridad de sus padres y hermanos.

Este grupo armado ilegal conoció de la existencia de un soldador industrial en la zona, persona que podía servirles para el rompimiento del oleoducto de petróleo que pasaban por aquel lugar, negocio que era rentable para financiar sus delitos. Infortunadamente este soldador era el padre de Patricia, quien se negó a realizar aquellos trabajos. Esto desató la ira en su contra al no realizar dichos favores.

Una noche, mientras esposos e hijos dormían, hombres armados llegaron a exigir la realización del trabajo. Asustados por las amenazas, guardaron silencio. Los paramilitares pensaron que la casa estaba sola, se montaron a un tractor, tumbaron el portón y rompieron la pared. De esa forma les dieron a conocer su descontento por no colaborar en lo que les pedían. Al conocer lo ocurrido, Patricia, con cuatro meses de embarazo de su segundo hijo, con una niña de 5 años y su chofer, decidió volver al lado de sus seres queridos. En el lugar tomó la camioneta de su propiedad, con la intención de ir a rescatar algunos de los enseres y maquinarias de trabajo de su padre. Después de lograr su objetivo, regresó a Arauca no solo en compañía de su niña y su chofer, sino también la de su hermano.

No valió la pena escapar

En su viaje a Arauca, se detuvieron en Saravena con la intención de retirar algún dinero del cajero para poder hospedarse en un hotel y continuar el viaje al otro día. La tarjeta de crédito no funcionó. Pidieron colaboración en un hotel de la zona con la condición de que al otro día pagarían, pero el administrador no aceptó hospedarlos. A partir de este momento, debajo del follaje del árbol de mango y teniendo como panorámica el municipio de Piedecuesta, la actitud de Patricia cambió. Al parecer, los recuerdos le bombardeaban la mente y los sentimientos de dolor empezaron a relucir.

Sin embargo, retomó la historia de Saravena. Recordó que en el municipio de Arauquita, a 58 kilómetros de aquel lugar, vivía una amiga de la familia que podía darles hospedaje. “Fue la peor decisión de mi vida”, expresó con un dolor notable en su rostro. Partieron a las 8:00 de la noche cuando de repente se encontraron un retén militar. “Necesitamos que lleven a dos soldados hasta allí adelante”, afirmó uno de los soldados. Patricia respondió: “no podemos llevarlos, mire que vamos llenos y no tenemos donde acomodarlos”. Después de un cruce de palabras, la Fuerza Pública permitió que continuara su camino. Pensando los ocupantes del vehículo que ya todo había pasado, una barricada estaba preparada metros más adelante, lo cual provocó de nuevo la detención del carro. “Tienen que llevarlos”, ordenaron los soldados. De esta manera y prácticamente obligados embarcaron como pudieron a los dos hombres en la camioneta. Dos kilómetros más adelante, uno de los uniformados mandó a detener el carro y se escuchó a uno de ellos decir: “Váyanse ustedes, pero la señora y la niña se quedan con nosotros”.

Los hombres que viajaban con esta mujer reaccionaron negativamente a esta petición, palabras de todo tipo se cruzaban entre los civiles y los militares. Finalmente, sin entender nada de lo que estaban viviendo, recapacitó y dijo: “váyanse ustedes, yo me quedo sola, pero mi hija también se va”, petición que no fue aceptada por los miembros del ejército.

Después de un forcejeo y de algunos golpes al tío de la niña, la mujer y su hija tuvieron que quedarse. Fueron llevadas a una construcción que se levantaba al lado de la carretera. Uno de los militares, de piel blanca como lo describe Patricia, le gritó, insinuándole que por ser una guerrillera era que estaba allí. A la fuerza la condujo hacia un lugar oscuro y desahogó todos sus rencores y rabias: la abusó sexualmente, la golpeó y la ultrajó. Recuerda que los oídos se le reventaron y le sangraron. Cuando sentía que iba a morir, el soldado la obligó a que se levantara y se vistiera. Su pesadilla no terminó ahí. Un hombre de piel morena, como ella lo recuerda, y quien momentos antes custodiaba a su hija de cinco años, también la abusó. Patricia se alarmó porque su niña lloraba sin cesar, pero el militar le dijo: “es mejor que deje así, ese hombre es terrible”, refiriéndose a su compañero.

Sin poder hacer nada, la joven aceptó su realidad. Su pequeña también fue abusada por el uniformado que la trató de subversiva. Luego de permitirles escapar, Patricia y su hija emprendieron la huida por la aquella, para ellas, desconocida carretera araucana.

“Dijeron que era una supuesta guerrillera”

Después de dos horas de camino, llegaron a una base del ejército donde contaron lo que les ocurrió. “Los causantes fueron dos soldados”, recuerda las palabras que en ese momento dijo a los uniformados, pero estos les pidieron que continuaran su camino. Llegaron al parque de Arauquita donde se encontraron con su hermano y el chofer. De inmediato las condujeron al hospital donde les prestaron ayuda.

Les dijeron que debían ir hasta el centro de operaciones conocido como Caño Limón, un campo petrolero, donde había una estación y podían tomar su denuncia y además brindarles los tratamientos médicos necesarios. En el lugar, miembros de la Policía y del Ejército la interrogaron como una supuesta “guerrillera”. En medio del interrogatorio, Patricia pidió respeto; les dijo que las únicas armas que sabía manejar eran los números, ya que ella había trabajado en el ejercicio de la contabilidad por algunos años. Después de entablar la denuncia y de ocurrir las respectivas identificaciones de los agresores, regresó a la ciudad donde vivía y los culpables fueron condenados a prisión.

Después de dos años, mientras laboraba en el Banco Ganadero de Arauca, los victimarios salieron de prisión y la localizaron, para la fecha estos hombres ya no pertenecientes a las Fuerzas Militares sino ahora a un grupo paramilitar. Tratando de escapar del peligro lo dejó todo en aquel lugar, viajando de nuevo a Piedecuesta con sus hijos, quien después de algún tiempo y con todas las obstáculos posibles logró pasar con los mejores puntajes, en una entidad bancaria de Floridablanca. Pero fue encontrada de nuevo y amenazada por los victimarios que en busca de ‘justicia’ querían tomar represalias en su contra. De esta manera, Patricia abandonó sus sueños y se dedicó por estos últimos años únicamente a formar a sus hijos y a sacarlos adelante en compañía de su esposo.

La reparación

El Gobierno Nacional, por medio de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv) y basados en la ley 1448, busca las medidas de atención, asistencia y reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno. Para Marieta Alexandra Amado Camacho, profesional sicosocial de la dirección territorial Santander, el trabajo con las mujeres víctimas de violencia sexual es “una estrategia que se viene adelantando desde finales de 2014 y es un espacio que busca dignificar a las mujeres que han sufrido este flagelo”.

Lo que se busca es dotarlas de un espacio confiable donde ellas puedan sacar todo el dolor que han tenido acumulado por tanto tiempo, y que lamentablemente, no han contado con el apoyo que esto amerita. “Es así que la Unidad de Víctimas, como una entidad del Estado, quiere propender para que ellas logren superar la violencia sexual que es una situación muy compleja. Se tienen muchos matices y deja secuelas, que son totalmente distintas a las de otros hechos victimizantes.

Muchas de las mujeres son juzgadas y no se les brinda apoyo” afirmó Amado Camacho. De esta manera, la estrategia del gobierno busca un espacio agradable, en donde cada mujer víctima exprese lo que siente, pero además que también pueda superar lo que piensa ante su propio cuerpo. La profesional agregó: “buscamos que ellas empiecen a amarse nuevamente, que empiecen a resignificar todo lo que han tenido que vivir, que sea un momento de reflexión y de apoderamiento de sus derechos”. Por su parte Patricia, quien ha participado en “Momentos”, ha logrado entender que no ha sido la única mujer víctima de violencia sexual, pero además estas actividades le han dado razones para trabajar por los derechos de las personas que han sufrido este flagelo, y de acuerdo a lo que le comentó a Periódico 15, espera recibir apoyo de alguna fundación donde le den la oportunidad de trabajar por la lucha de los derechos, aclarando además que la vida de la persona que sufre este tipo de experiencia, le cambia completamente por las consecuencias que trae la misma.

Hoy, aprovecha las oportunidades que le brinda el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) para prepararse en una especialidad que siempre le ha gustado, los cultivos orgánicos. Además de las ayudas sicosociales que le otorga la Unidad de Víctimas, el apoyo económico como parte de su indemnización por haber sufrido consecuencias de la guerra, es una razón más para invertir en la adecuación de una pequeña parcela donde piensa implementar lo aprendido en sus estudios.

 

Universidad Autónoma de Bucaramanga

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